Alejandro Moreno señaló que la licencia de Rubén Rocha Moya es resultado de presión social y acusaciones graves. El líder del PRI advierte que el caso refleja una crisis mayor dentro de Morena.
La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya no puede leerse como un acto aislado ni como una decisión administrativa más dentro de la política mexicana. Para Alejandro Moreno, se trata de la consecuencia directa de una presión social acumulada y de señalamientos internacionales que hicieron insostenible su permanencia en el cargo. El presidente nacional del PRI planteó que lo ocurrido en Sinaloa refleja un punto de quiebre, donde la narrativa oficial ya no pudo contener el peso de las acusaciones que vinculan a actores de Morena con dinámicas propias de los narcopolíticos.
Alejandro Moreno subrayó que la salida de Rocha no responde a una evaluación interna del gobierno, sino a un contexto que lo rebasó. Durante meses, la inconformidad social creció en Sinaloa en medio de un ambiente de violencia, incertidumbre y exigencias públicas de renuncia. A ello se sumaron señalamientos provenientes de autoridades de Estados Unidos que colocaron el caso en una dimensión internacional, generando un escenario donde la permanencia del gobernador dejó de ser viable tanto política como institucionalmente.
En este contexto, Alejandro Moreno advirtió que el caso no puede reducirse a una figura individual, ya que forma parte de un fenómeno más amplio que involucra la relación entre poder político y estructuras criminales. El uso del término narcopolíticos, señaló, no es una exageración retórica, sino una descripción de una realidad que ha sido documentada y que hoy vuelve a colocarse en el centro del debate público. La preocupación, explicó, radica en que estos vínculos no solo afectan a una administración, sino que impactan la credibilidad de todo el sistema político.
El presidente del PRI también cuestionó la postura que mantuvo Morena durante este proceso, al sostener públicamente a Rocha Moya a pesar de la gravedad de los señalamientos. Alejandro Moreno señaló que esta defensa prolongada envió un mensaje de tolerancia frente a acusaciones que debieron investigarse con mayor rigor desde el inicio. Para el priista, el hecho de que la salida se haya dado solo cuando el costo político se volvió insostenible evidencia una falta de responsabilidad institucional frente a la ciudadanía.
Desde una perspectiva más amplia, Alejandro Moreno planteó que lo ocurrido en Sinaloa tiene implicaciones directas en la confianza pública. Cuando un gobernador deja el cargo bajo este tipo de circunstancias, no solo se cuestiona su gestión, sino la capacidad del sistema para prevenir, detectar y sancionar posibles vínculos entre política y crimen organizado. Esta situación, advirtió, genera incertidumbre en la ciudadanía y debilita la percepción de que las instituciones actúan con autonomía y firmeza.
Finalmente, Alejandro Moreno sostuvo que la licencia de Rocha Moya no cierra el caso, sino que abre una etapa donde deben existir investigaciones claras y rendición de cuentas. El presidente del PRI insistió en que México no puede normalizar la presencia de narcopolíticos en espacios de poder y que la exigencia social debe traducirse en acciones concretas. En ese sentido, planteó que este episodio marca un precedente que obliga a replantear la relación entre gobierno, legalidad y responsabilidad pública.
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